Rubén Ramos, sociólogo y educador peruano, ha publicado en el espacio lamula.pe una ventana explicativa que, a guisa de mapa, nos ilustra de forma cabal la dirección de la política educativa tanto en su marco externo (referentes internacionales) como en su marco interno. Hemos sustraído este texto porque nos ha provocado asentir sus razones en los intentos de comprensión de nuestra estructura educativa, lo que tanta falta nos hace para optimizar nuestra posición pedagógica y, consecuentemente, política.
Humala: ¿quién debe definir la política educativa?
Por Rubén Ramos
El presente artículo muestra de manera resumida y desde una perspectiva histórica, el marco dentro del cual se inscriben los procesos de generación y desarrollo de las políticas y sistemas de la educación nacional en sus diferentes niveles y modalidades.
Se trata, en primer término, de los marco-macro diseñados e impulsados por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, AID, BID) y aprobados por los mandatarios de todos los países del mundo que adhieren al modelo neoliberal. Debo advertir que estos marco-macro fijan, no sólo las políticas y sistemas nacionales de educación, sino también los de salud, justicia, trabajo, derechos humanos, producción, crecimiento económico y otros.
En segundo término, pasaré revista a los marcos doctrinarios dentro de los cuales se inscriben tanto las políticas como los sistemas de la educación en sus diferentes niveles y modalidades, así como al rol desempeñado por la UNESCO.
En tercer lugar, haré una breve reflexión sobre dos de las instituciones que fungen en el Perú como las “pensantes” en materia de educación. Esto, a propósito del reciente nombramiento de la ministra de educación del gabinete Humala.
Sostengo la hipótesis de que es necesario un entendimiento menos complaciente y “provinciano” del acontecer educativo en nuestro continente y en el Perú en particular. Esta es una exigencia básica para asumir que la crisis educativa pública y su inexistente calidad y equidad, se entroncan con políticas y sistemas que se inscriben y deciden fuera de nuestra realidad, arrasando nuestra soberanía y de la mano con supuestos “gurús”, apoyados por la institucionalidad mediática.
Los marco-macro
Son, fundamentalmente:
1. El Consenso de Washington (1990), que definió las perspectivas del desarrollo de los países deudores de América latina, el Caribe, África y Asia. Impuso los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE), orientados a forzar “cambios estructurales” a través de la privatización de la economía, el fin de las políticas sociales, la regulación del mercado, el pago de los intereses de la deuda externa y la inserción de las economías deudoras en el mercado internacional, como proveedoras de materias primas.
2. La Declaración y Objetivos del Milenio (2000) que precisó las metas fijadas en materia de “desarrollo social” por la ONU, a ser alcanzadas el año 2015, como fecha límite.
3. Los marcos doctrinarios de la “Educación Para Todos” (EPT) que impusieron, para la educación básica -en sus diferentes niveles y modalidades-, las políticas y acciones a seguir definidas en las conferencias mundiales de Jomtien en 1990 y de Dakar en el 2000. Para la educación superior, las imposiciones fueron “estructuradas” en las Conferencias de París de 1998 y del 2009, realizadas en la capital francesa.
En el caso de la educación básica, y a menos de 4 años para la “fecha límite” de cumplimiento de lo previsto en Dakar, la UNESCO, como organismo encargado de brindar la asistencia técnica requerida y de asegurar que los objetivos y las metas se cumplan, no ha podido mostrar resultado verificable alguno, en algún lugar. Fiel a su tradición de cotejar cifras y estadísticas, este organismo ha corroborado una vez más su nefasta trayectoria histórica de intermediación manipuladora de la educación y la cultura para la reproducción del orden de la inequidad y la exclusión de millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. Lo propio se puede decir de su papel como entidad “reguladora” de la educación superior. La crisis por la que atraviesa este nivel educativo encargado de la formación profesional, la investigación científica y la proyección social es, sin lugar a dudas, su más ruidoso y extenso logro. El más grande servicio a la irracionalidad del mercado está hoy en las universidades. Este, es el mérito del organismo burocrático más extendido en el mundo, perteneciente a la estructura institucional de la ONU.
El caso Perú
El Perú no ha sido ajeno a la impronta del “Proyecto de Educación para Todos” surgido de Jomtiem y de Dakar, de la “Educación Superior del siglo XXI”, manejados por el Banco Mundial, el FMI, la UNESCO y la OCDE.
En Jomtien” en 1990 se fijaron once objetivos orientados a lograr la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Eran los tiempos del Consenso de Washington y la caída del muro de Berlín. El mercado internacional necesitaba de la “inclusión” de mano de obra barata con un mínimo de competencias básicas (leer, escribir, calcular).
En el 2000, tras ser evaluados los logros alcanzados y evidenciarse su fracaso, se redefinieron los principios y las políticas en función de las nuevas condiciones del mercado y de la extensión de la informática a las economías “en vías de desarrollo”. Los objetivos de Jomtien se redujeron a seis, buscando hacerlos compatibles con los Objetivos del Milenio propuestos por Koffi Annan. Así, el “Marco de acción de Dakar” fijó como requisito previo, la constitución de “foros nacionales de educación para todos” en cada país suscriptor. Estos foros recibieron el encargo de llevar a cabo “diagnósticos nacionales” sobre los seis objetivos fijados y elaborar sus respectivos “proyectos nacionales de educación para todos” con metas precisas que no podían exceder del 2015.
El plazo fijado para la constitución de los “foros nacionales” fue el año 2002, y así lo hicieron todos los países comprometidos, excepto el Perú que recién en el 2003 constituyó su “foro nacional” integrado por todas las ONGs que de una u otra manera trabajan el tema educación, las universidades públicas y privadas, las asociaciones de pueblos originarios, el ministerio de educación, de la mujer, las organizaciones sindicales del magisterio y otras. Este “foro” dio a conocer el “Proyecto nacional de educación para todos” en el año 2005.
Debe aclararse que el “Proyecto nacional de educación para todos” no es lo mismo que el “Proyecto Educativo Nacional” aprobado en el 2007 por el presidente García, tras varias consultas públicas fallidas. El “Proyecto nacional de educación para todos” es un macro proyecto que compromete el cumplimiento de las metas de Dakar al 2015 a través del financiamiento del Grupo del Banco Mundial, el BID y la USAID. El “Proyecto educativo nacional” (PEN), es la propuesta sobre educación del “Consejo Nacional de Educación” (CNE). La frondosidad de políticas, objetivos, actividades, así como su confusión teórica y metodológica, constituye el rasgo que los hace similares. Por algo vienen de los mismos “cerebros”; pues quienes integran el “Foro Nacional de educación para todos” son los mismos del CNE.
Este organismo, surgido en el Gobierno de Transición del año 2000, agrupa a las más disímiles “personalidades” de la educación nacional y es la expresión pública de la ONG “Foro Educativo”, que controla fondos privados internacionales para sus propios fines. Los integrantes de esta ONG lo son por igual del Consejo Nacional de Educación (y también del “Foro Nacional de EPT”). De la estructura del CNE, han salido y siguen saliendo todos los ministros, viceministros y funcionarios del ministerio de educación.
Tanto Foro Educativo como el CNE son instituciones que deben su iniciativa al sacerdote Ricardo Morales (que preside actualmente el Fondo Nacional para la Educación Peruana (FONDEP). Algunos de sus integrantes son de origen judío, viejos ex-ministros y autoridades del sector educación, tecnócratas de organismos internacionales, representantes de Fé y Alegría y del Consorcio de colegios católicos del Perú, ex-dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP). La mayoría, de mediocre trayectoria durante los regímenes anteriores y posteriores a la reforma educativa del general Velasco, pero con una gran presencia en los medios de difusión escritos, radiales y televisivos, desde donde “pontifican” sobre generalidades de la problemática educativa, sin arribar a planteamiento teórico o metodológico concreto.
En este contexto, marcado por la ingerencia del BM, la intermediación de la UNESCO y el fracaso de la gestión del ex-ministro Chang y de sus viceministros (todos de la ONG Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación), el nuevo gobierno de Ollanta Humala ha depositado su confianza para el ministerio de educación, en una integrante de ese Foro y ex-presidenta del CNE. Méritos, a los que habría que agregar su vieja pertenencia, como estudiante y docente, de una de las universidades confesionales católicas de la orden marianista, de la ciudad de Arequipa.
Retomando, lo que alguna vez dijo la ahora ministra, respecto de que “hay que superar la visión formalista o burocrática de las políticas para verlas como un compromiso del Estado con la ciudadanía”, quisiera precisar tres consideraciones fundamentales y consustanciales para hacer de este presupuesto una realidad. Primero, deslindar con el BM y la UNESCO respecto de quién fija las políticas educativas para el país, a fin de asegurar la necesaria resistencia y construcción alternativa a la reproducción de un modelo educativo hecho para la desigualdad y la ignorancia. Segundo, deslindar con la rancia burocracia de los pontífices de la educación, sin realidad ni experticia, enquistados en la cúpula del CNE, y de Foro Educativo. Tercero, pero no por esto la menos importante, construir auténticas políticas desde los propios actores sociales implicados: los padres de familia, los maestros y los estudiantes, en cada realidad concreta.
