Percepción ilegal de derechos de matrícula, fraudes en los exámenes, malversaciones de fondos, licitaciones públicas amañadas y otras muchas corruptelas están socavando seriamente los sistemas de educación en el mundo, según un informe de la UNESCO publicado hoy.
Este informe, editado en inglés con el título “Corrupt schools, corrupt universities: What can be done” [Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿qué se puede hacer?”], es el resultado de varios años de trabajos de investigación sobre el tema “Ética y corrupción” realizados por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO. En esta publicación se analizan la índole y la magnitud del problema de la corrupción en la educación, se evalúa cuánto está costando a la sociedad en su conjunto y se definen medios para remediarlo. Además, se mencionan las experiencias de más de 60 países, basándose en la información suministrada por ministerios, organismos de desarrollo e institutos nacionales de investigación.
“Este importante estudio representa para todos nosotros un llamamiento a la acción”, ha declarado el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura. “Esa corrupción generalizada no sólo cuesta a nuestras sociedades miles de millones de dólares, sino que socava seriamente los esfuerzos vitales encaminados a proporcionar una educación para todos. Impide a los padres más desfavorecidos que manden a sus niños a la escuela, priva a las escuelas y los alumnos de equipamientos, merma el nivel de calidad de la docencia y, por consiguiente, el nivel de la educación en general. Por último, compromete el futuro de nuestros jóvenes. Tenemos que poner barreras”.
El informe presenta varios estudios de casos sobre países del mundo entero, poniendo al descubierto la gran diversidad que revisten las prácticas corruptas tanto en las naciones pobres como en las ricas. Según el informe, las malversaciones de los fondos destinados por los ministerios de educación a las escuelas pueden representar, en algunos países, hasta el 80% del total de las sumas asignadas a éstas por concepto de gastos no salariales. Los sobornos y cohechos en las contrataciones y los ascensos profesionales de los docentes inducen una disminución de la calidad de la docencia, mientras que los cobros ilegales de derechos para ingresar en las escuelas y otros gastos ocultos contribuyen a la reducción de las tasas de escolarización y al aumento de los índices de deserción escolar. Una serie de encuestas realizadas ha puesto de manifiesto que en Honduras las asignaciones de fondos a docentes fantasmas representan 5% de la nómina total del profesorado y en Papua Nueva Guinea 15%.
Según el informe, la corrupción en la enseñanza superior reviste formas muy variadas: fraudes en la educación transfronteriza, universidades ficticias, títulos imaginarios y fraudes en las acreditaciones. Entre 2000 y 2004, el número de universidades ficticias en Internet se multiplicó por cuatro, pasando de 200 a 800. En Ucrania, las autoridades académicas de las universidades privadas señalaron en 2005 que era necesario recurrir a una u otra forma de cohecho para conseguir los permisos y convalidaciones reglamentarios exigidos a los 175 centros de enseñanza superior existentes en este país.
Los autores del informe, Jacques Hallak y Muriel Poisson, exponen diversos casos en los que la adopción de medidas fácilmente aplicables ha conseguido acabar con las prácticas corruptas. En Uganda, por ejemplo, tan sólo 13% de la subvención anual por alumno asignada a las escuelas fue percibida efectivamente por éstas a principios del decenio de 1990. Los funcionarios locales se apoderaban del resto de los fondos y lo destinaban a fines que nada tenían que ver con la educación. Gracias a una campaña nacional de información que dio a conocer a las comunidades locales adónde iba a parar el dinero realmente, la situación cambió por completo y se logró que 85% de los fondos asignados llegara a sus destinatarios legítimos.
Los autores del informe sostienen que una mayor transparencia de los sistemas de reglamentación, un reforzamiento de las capacidades de gestión para mejorar la rendición de cuentas y una mejor apropiación del proceso de gestión pueden contribuir al desarrollo de sistemas educativos exentos de corrupción. Asimismo, formulan, entre otras más, las siguientes recomendaciones sobre la forma en que se puede tratar el problema de la corrupción:
Establecer normas y reglamentaciones claras, procedimientos transparentes y un marco de políticas explícito en los que se especifiquen las responsabilidades que incumben a cada una de las distintas partes interesadas en lo que respecta a la asignación, distribución y utilización de los recursos de la educación.
Mejorar las competencias en materia de gestión, rendición de cuentas, supervisión y auditoría del personal administrativo y otras partes interesadas en el sistema educativo, esto es, las asociaciones padres-docentes, los sindicatos profesionales y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil.
Facilitar al público en general el acceso a la información, a fin de posibilitar la participación, la apropiación y el control de la sociedad. Todas las personas más estrechamente vinculadas al lugar de prestación de servicios educativos –el centro docente correspondiente– deben estar suficientemente bien informadas no sólo para estar en condiciones de poder detectar cualquier fraude, sino también para reivindicar todo lo que tengan derecho a exigir.
Pero, por encima de todo, los factores que tienen una influencia más decisiva en la lucha contra la corrupción son, evidentemente, la capacidad dirigente y la voluntad política en las más altas esferas gubernamentales.
